Cuando se procede al despido del Administrador de una Comunidad porque se entiende que no ha cumplido con su función de manera efectiva, responsable y profesional, puede suceder que la persona se resista a la rescisión del contrato. En algunos casos podría, por ejemplo, negarse a devolver el libro de Actas impidiendo así que el sucesor pueda iniciar su trabajo con las herramientas adecuadas. ¿Qué hacer en este supuesto?

En primer lugar conviene instar, por medio de un burofax, a dicha persona a hacer entrega de la documentación en un determinado plazo. De esta manera se hace constar de forma legal el requerimiento que daría pie a la toma de otras medidas en caso de no obtener respuesta. Si se mantiene la negativa de devolución del material, la Comunidad puede iniciar otro tipo de recursos.

En este caso podría abrirse un proceso tanto penal como civil. En el  primer caso, apoyándose sobre la acusación de apropiación indebida ya que el Administrador, al adueñarse de los expedientes e informes comunitarios, estaría actuando en contra de lo estipulado para su posición. Es decir, la custodia de la documentación solo le corresponde mientras dura su cargo por lo que, al finalizar, debe proceder a la restitución de todo el material administrativo.

No obstante, lo más habitual es abrir la vía civil con una demanda que condene al imputado a realizar dicha devolución y a ocuparse del abono de las costas procesales. A ello se puede añadir otro recurso demandante por daños y perjuicios si estos se han producido y resultan como consecuencia directa de su inoportuna e ilegal actuación.

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