Forma parte de las responsabilidades económicas de la propiedad de una vivienda o local. Porque todos los vecinos deben abonar unas cuotas de comunidad concebidas para asegurar el buen estado y mantenimiento de los elementos, zonas y espacios comunes y el disfrute de ciertos  servicios. Está regulada por el artículo 9 de la Ley de la Propiedad Horizontal ( LPH) y, aunque se prevén algunas excepciones, el pago es obligatorio.

Estas aportaciones, por lo general de carácter mensual, se basan en el porcentaje del coeficiente de participación comunitaria de cada caso, fijado en el título constitutivo de la Comunidad. Cubren gastos ordinarios como los de luz, agua, ascensor, jardín, zonas comunes, limpieza, etc y otros de tipo extraordinario conocidos como derramas. Y todos ellos deben ser debidamente satisfechas aun si no se utilizan los elementos comunes, no se habita la vivienda o se prescinde de algún servicio o instalación. 

No obstante, se contemplan casos concretos que admiten la exención del pago de las cuotas. Así, un local comercial con acceso directo por la calle y que no requiere usar  la escalera o portal del edificio podría evitarse el pago de los gastos propios del mantenimiento y reparación de ambos elementos. Una situación que, de todas formas, debe ser formalizada en los estatutos sociales o por medio de un acuerdo unánime en la Junta de Propietarios.

De igual manera, cuando los cambios e instalaciones que se llevan a cabo en un edificio no son por estricta necesidad o por  imposición legal, los propietarios tienen la opción de someterlo a votación. Quienes se manifiesten en contra pueden oponerse al pago que derive de dichas mejoras sin perder el derecho a su uso y disfrute.

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