Uno de los temas más actuales en las Comunidades de vecinos es la instalación de cerramientos en los balcones, un recurso de lo más práctico para añadir valor estético y funcional a la vivienda. De hecho, son cada vez más propietarios los que deciden acristalar sus terrazas para ganar espacio y optimizar la distribución del interior del inmueble. Sin embargo, la mayoría de ellos no parece tener claro si necesita solicitar permiso a la Comunidad o no, incluso cuando el proyecto es mínimamente intrusivo.
En principio, aunque la incorporación de cortinas de cristal o de cerramientos similares no requiera obra y resulte mínimamente molesto, es crucial contar con la autorización comunitaria. Es más, hay que disponer del permiso administrativo y del voto favorable de las 3/5 partes de los vecinos que representen las 3/5 partes de las cuotas de participación en una Junta. Si, transcurridos 30 días, no se recibe objeción alguna, el voto se considera favorable y se puede proceder a realizar el trabajo.
Por este motivo, y para evitar exponerse a posibles multas y sanciones, es aconsejable seguir una serie de sencillos pasos que garantizarán una reforma tranquila y sin problemas. El primero de todos consiste en tramitar la solicitud de la autorización administrativa sin la cual el cerramiento sería legalmente inviable. Una vez que se ha obtenido la aprobación para dicha petición, se recomienda consultar con un arquitecto la naturaleza de la obra que se quiere ejecutar, hablar con el Presidente de la Comunidad para tantear el terreno, presentar un proyecto al Ayuntamiento e incluir el tema en la Orden del Día de la próxima reunión vecinal.
Por otro lado, también es importante asegurarse el consentimiento de los vecinos que puedan verse afectados por la obra, tal y como indica el art. 10 de la Ley de Propiedad Horizontal. De hecho, no hacerlo podría acabar en futuras querellas con algunos propietarios con el consecuente pago de indemnizaciones. Eso, por no mencionar que vendría impuesta la obligación de demolición de las obras y de su restauración al estado original, lo cual implicaría unos gastos extra poco oportunos. Además, los trámites que derivan de un cerramiento ilegal pueden prolongarse en el tiempo. Si bien dependen del municipio y tipo de obra, hay que calcular que este tipo de negligencias pueden llegar a dilatarse hasta 5 años.
Hacer las cosas bien puede resultar, en ocasiones, arduo pero vale la pena evitarse problemas legales innecesarios.
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